* El vicepresidente del Congreso del Estado, precisó que se
trata de la armonización de la reforma federal y reafirmó que los derechos de
los trabajadores son intocables.
Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2024.- Luego de la
promulgación y publicación de la reforma al Poder Judicial, el vicepresidente
el Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez, presenta la armonización de
la reforma en Michoacán.
De acuerdo con el morenista se hicieron las adecuaciones a
la normatividad del sistema judicial para armonizarla con la constitución
federal, y reafirmó que los derechos laborales de las y los trabajadores son
intocables.
Entre los aspectos que aborda la propuesta del diputado
local, se encuentra la elección popular de magistrados y jueces, la cual será
democrática y tendrá más legitimidad. Se elegirán el primer domingo de junio de
2027 respetando la paridad de género.
Las propuestas de las candidaturas las hará el Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el Estado, cada uno realizará tres
postulaciones de candidatos a magistrados, pero una de cada persona que
postulen los tres Poderes, deberá ser trabajador de base del Poder Judicial del
Estado, quienes no tendrían que haber ya ocupado el cargo de Magistrado o Juez.
Lo mismo sería en el caso de las postulaciones que realicen
de las y los candidatos a jueces, deberán incluir los tres poderes en sus
ternas a una persona que sea trabajador de base del Poder Judicial del Estado
en cada propuesta.
Además, señaló que actualmente el Consejo del Poder Judicial
es el encargado de sancionar las faltas de los Magistrados, Jueces y
Consejeros, en donde su presidente, es el mismo que presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, por lo tanto, funciona este órgano con conflictos de interés.
De ahí que propone que convertirlo en el Tribunal de
Disciplina Judicial del Estado, órgano con autonomía técnica que acabe con la
corrupción, nepotismo, acoso sexual y
malos manejos de los recursos públicos en el Poder Judicial.
También precisó que los asuntos penales deberán resolverse
en un máximo de un año, de lo contrario se les iniciará procedimientos de
responsabilidades administrativas a los jueces y magistrados responsables de
las omisiones./REDACCION