• La iniciativa de Octavio Ocampo propone reconocer la violencia escolar como un delito y fortalecer la protección de estudiantes dentro y alrededor de las escuelas
Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- "Hoy muchas familias viven con
preocupación porque la violencia escolar ha dejado de ser un problema menor.
Ninguna niña, niño o adolescente debería sentir miedo al entrar a su escuela.
Necesitamos que las aulas vuelvan a ser espacios seguros para aprender,
convivir y crecer, y por eso proponemos dar al Estado herramientas legales para
actuar antes de que una agresión termine en una tragedia", afirmó el
diputado Octavio Ocampo.
La iniciativa fue presentada este miércoles ante el Pleno de
la 76 Legislatura y propone reformar el Código Penal de Michoacán para
reconocer la violencia escolar como un delito específico. Además, plantea
sancionar las agresiones físicas, psicológicas, cibernéticas y patrimoniales
que ocurran de manera reiterada dentro de las escuelas o en sus alrededores
cuando sean cometidas por integrantes de la comunidad educativa, así como
aumentar las penas cuando un homicidio o lesiones se cometan en este contexto.
Durante la presentación, Octavio Ocampo explicó que
actualmente estas conductas suelen investigarse como lesiones o amenazas, pero
la ley no reconoce el acoso escolar como un problema continuo que puede escalar
hasta causar daños graves. Recordó que casos registrados en distintas partes
del país y en municipios de Michoacán muestran la necesidad de contar con una
legislación que permita proteger de manera más efectiva a las y los
estudiantes.
La iniciativa también establece que las personas menores de
18 años no recibirán penas de prisión por este delito. En su lugar, serán
atendidas conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes mediante medidas socioeducativas y mecanismos de justicia
restaurativa, con el objetivo de corregir conductas, reparar el daño y prevenir
nuevos actos de violencia. La propuesta no contempla un impacto adicional para
las finanzas públicas del estado.