* El Grupo Parlamentario plantea sanciones imprescriptibles
para servidores públicos que se coludan o colaboren con el crimen organizado
La propuesta forma parte de las prioridades legislativas
anunciadas por Acción Nacional durante su reunión plenaria en La Paz, Baja
California Sur, y del compromiso presentado por el presidente nacional del PAN,
Jorge Romero Herrera, para combatir la infiltración del crimen organizado en
las instituciones y poner fin a la impunidad de los llamados “narcopolíticos”.
La iniciativa plantea reformar el Código Penal Federal y la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer penas de 80 a 140
años de prisión, multas de hasta 24 mil días y el carácter imprescriptible de
las sanciones previstas para estas conductas.
El coordinador del
Grupo Parlamentario del PAN, diputado Elías Lixa Abimerhi, afirmó que la
iniciativa representa una definición clara de Acción Nacional frente a la
relación entre el poder público y el crimen organizado, y sostuvo que México
debe poner punto final a lo que calificó como la “era de los narcopolíticos”.
“Punto final a la era de los Rocha Moya, punto final a la
complacencia criminal, punto final a la narcopolítica”, señaló.
Elías Lixa sostuvo
que combatir la corrupción y al crimen organizado implica garantizar que
quienes utilicen las instituciones públicas para favorecer a grupos criminales
enfrenten sanciones efectivas y ejemplares.
“El Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los
intereses de los criminales”, afirmó
Por su parte, el
diputado José Manuel Hinojosa Pérez, proponente de la iniciativa, señaló ante
el Pleno que México enfrenta una grave crisis de seguridad y advirtió que la
infiltración del crimen organizado en la vida pública representa también una
amenaza para las instituciones democráticas y los procesos electorales.
Hinojosa Pérez explicó que la propuesta busca sancionar las
alianzas entre servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada que
tengan como propósito facilitar la actuación de grupos criminales o influir en
las decisiones de las autoridades, las instituciones democráticas o los
procesos electorales.
De acuerdo con la iniciativa, las penas de 80 a 140 años de
prisión se aplicarían a integrantes de la delincuencia organizada que atenten
contra las instituciones democráticas y la división de poderes mediante
acciones encaminadas a influir en las decisiones de las autoridades o en los
procesos electorales.
Las mismas sanciones se contemplan para titulares del
Ejecutivo federal o estatales, secretarías de Estado, fiscalías y el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que
participen, colaboren o faciliten dichas conductas, así como para quienes
incumplan deliberadamente sus atribuciones legales con el propósito de
permitirlas.
La iniciativa propone además incorporar estas conductas al
artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de que
sean investigadas, procesadas y sancionadas bajo dicho ordenamiento.
El Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que no puede existir
un Estado de Derecho pleno mientras servidores públicos utilicen las
instituciones para favorecer intereses criminales, por lo que llamó a las demás
fuerzas políticas a discutir y respaldar una reforma que permita cerrar
espacios a la impunidad y proteger las instituciones democráticas.