ELIZABETH VALENCIA
La aprobación de la nueva legislación abre el debate sobre el futuro del efectivo en México y el derecho de los ciudadanos a decidir cómo realizar sus pagos.
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general,
con 72 votos a favor y 37 en contra, la nueva Ley de Economía Digital para
Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que se pretexta para impulsar el
uso de medios electrónicos de pago y que ha generado cuestionamientos por sus
posibles implicaciones para millones de mexicanos.
De acuerdo con la información difundida sobre la propuesta,
la nueva legislación, de orden público y aplicación nacional, establece que las
autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán aceptar pagos digitales y
electrónicos para la realización de trámites y la prestación de servicios.
Asimismo, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público determine los sectores en los que estos medios de pago puedan
convertirse en la única opción disponible.
Uno de los aspectos que más inquietud genera es la
sustitución gradual del efectivo, con excepciones temporales en casos de fallas
técnicas o contingencias. Para diversos sectores de la población, el debate no
se limita a la modernización de los sistemas de pago, sino que también
involucra la libertad de elección, el acceso a los servicios y la posibilidad
de que las personas continúen utilizando dinero en efectivo.
Además, no se consideró a quienes viven en comunidades con
conectividad limitada, adultos mayores, pequeños comerciantes y personas que no
cuentan con cuentas bancarias o acceso constante a herramientas digitales. Para
estos grupos, el efectivo sigue siendo un medio fundamental para realizar sus
actividades cotidianas.
Mientras la ciudadanía conoce los alcances de la medida, las
reacciones de rechazo y las dudas sobre sus consecuencias colocan en el centro
de la discusión una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto las decisiones de los
legisladores responden a las necesidades y preocupaciones reales de la
población?
La inconformidad expresada por ciudadanos pone sobre la mesa
la exigencia de mayor información, transparencia y participación pública en
decisiones que pueden modificar de manera importante la vida económica de las
familias mexicanas.
En una democracia, modernizar los servicios no debería
significar ignorar las condiciones de quienes podrían resultar afectados. Por
ello, el debate sobre esta ley apenas comienza y será fundamental conocer su
texto definitivo, sus disposiciones específicas y las garantías que se
establezcan para evitar que la transición digital se convierta en una barrera
para diferentes sectores de la sociedad.
La pregunta que queda abierta es si esta transformación se
llevará a cabo escuchando a los ciudadanos o si terminará profundizando la
distancia entre las decisiones tomadas desde el poder prestado y las
necesidades de la población.