LXXVI Legislatura informa:
• La reforma protege a comunidades
vulnerables y alinea la ley con el Acuerdo de Escazú.
Morelia, Michoacán.- La legisladora Vanhe Caratachea
presentó una iniciativa conjunta con siete diputadas que busca reformar la Ley
para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán, con
el objetivo de incorporar de manera expresa el principio de justicia ambiental.
La propuesta surge “como respuesta a la creciente desigualdad” en los impactos
del deterioro ecológico que enfrentan comunidades históricamente marginadas,
refirió la diputada.
En tribuna, Vanhe Caratachea advirtió que esta iniciativa no
nace del escritorio, sino de la realidad de quienes viven entre el polvo de los
monocultivos, el silencio de los ríos secos y la amenaza constante contra
quienes defienden los bosques. Aseguró que el deterioro ambiental no sólo
afecta al entorno natural, sino que tiene consecuencias profundas en la vida y
la dignidad de las personas.
La propuesta contempla reformas a los artículos 4, 17 y 18
de la legislación ambiental estatal, reconociendo que no todas las personas están
igualmente expuestas al daño ecológico, y que el Estado tiene una obligación
reforzada de proteger a quienes han sido más vulnerables ante la devastación
ambiental. “Pasar de una legislación técnica a una legislación humana”, fue uno
de los énfasis de la diputada.
La iniciativa fue construida de manera colectiva junto a las
diputadas Ana Belinda Hurtado Marín, Adriana Campos Huirache, Brissa Irerí
Arroyo Martínez, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza
Mercado, Sandra María Arreola Ruiz y María Itzé Camacho Zapiain. “Entendemos la
justicia desde la acción correcta del estado de derecho, y también desde la
reparación y sanción ante los daños ambientales”, enfatizó Caratachea.
La legisladora subrayó que Michoacán enfrenta conflictos
ambientales graves: despojo de tierras, sobreexplotación hídrica, tala
clandestina y violencia contra defensoras y defensores del territorio. Con esta
reforma, el Congreso estatal alinearía la legislación local con el Acuerdo de
Escazú, que obliga a los estados a garantizar el acceso a la justicia ambiental
y la protección de quienes luchan por ella.
Vanhe Caratachea concluyó que defender la justicia ambiental
es también defender la paz social. “No es una reforma decorativa: es una
herramienta concreta para prevenir conflictos, para cerrar brechas y para
dignificar la vida de miles de personas. Hoy tenemos la oportunidad de que esta
Legislatura deje una huella justa en la historia de Michoacán.”/ REDACCION
