La Unión Internacional de Magistrados consideró que el respaldo de la CONATRIB a la reforma judicial mexicana incumplió los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes.
La independencia del Poder Judicial mexicano vuelve a
colocarse en el centro del debate internacional. La Unión Internacional de
Magistrados (UIM) decidió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al
considerar que su respaldo a la reforma judicial no fue compatible con la
defensa de la autonomía de los órganos encargados de impartir justicia.
La decisión se tomó el pasado 17 de octubre, durante la
reunión anual del organismo internacional, con 53 votos a favor de la
expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones, de acuerdo con la información
publicada por Aristegui Noticias.
Durante una entrevista en el programa de noticias mexicano,
Aristegui en Vivo, el juez argentino Marcelo Gallo Tagle y la juez
costarricense Adriana Orocú Chavarría explicaron que la determinación fue
resultado de un procedimiento en el que se examinó la actuación de la
representación mexicana frente a la reforma constitucional que estableció la
elección popular de jueces y magistrados.
Los representantes de la UIM cuestionaron que la CONATRIB
respaldara la reforma y planteara una implementación gradual, en lugar de
asumir, desde su perspectiva, una defensa más firme de la independencia
judicial.
El fondo de la controversia va más allá de una disputa entre
organizaciones de jueces. Se trata de una discusión sobre el papel que debe
desempeñar el Poder Judicial dentro de una democracia y su capacidad para
actuar como contrapeso frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Un Poder Judicial independiente debe tener la capacidad de
revisar los actos de autoridad, frenar posibles abusos y garantizar que las
leyes se apliquen sin presiones políticas. Su función esencial es proteger los
derechos de las personas y asegurar que todos, incluidos quienes gobiernan,
estén sujetos al Estado de derecho.
Los entrevistados advirtieron sobre los riesgos que, a su
juicio, puede representar la reforma mexicana para la autonomía judicial.
También señalaron que los tribunales deben conservar la capacidad de cuestionar
decisiones de otros poderes cuando consideren que contravienen la Constitución
o afectan los derechos ciudadanos.
La elección popular de jueces y magistrados constituye uno
de los principales puntos de desacuerdo. Sus críticos advirtieron desde un
principio, que generaría riesgos para la
independencia, la imparcialidad y la selección basada en méritos profesionales.