LILIANA JIMENEZ
Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de
Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de
Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública de Tuxpan y de Marcos “N”, comandante
de la Policía Municipal, por su presunta responsabilidad en el homicidio de
Alejandro R., ocurrido el pasado 30 de diciembre.
De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 30 de
diciembre, Alejandro R., se dirigió a la localidad de Milpillas, municipio de
Tuxpan, con la finalidad de realizar una entrega de material para construcción;
sin embargo, en el camino fue interceptado por varias personas que lo
trasladaron al lugar conocido como El Salto, sitio donde fue golpeado con unas
tablas.
Hasta el lugar llegaron Juan Manuel “N”, director de
Seguridad Pública de Tuxpan y Marcos “N”, comandante de la Policía Municipal,
quienes, tras hacerle unos reclamos a la víctima por la difusión de unos
videos, también lo golpearon.
Más tarde, Alejandro R., fue subido a un vehículo particular
y llevado hasta su domicilio, lugar donde varias personas que intervinieron en
la agresión, exigieron a la esposa del jornalero la entrega de una determinada
cantidad de dinero, ya que de lo contrario, lo privarían de la vida.
Una vez que la mujer atendió la exigencia económica, los
infractores bajaron a la víctima y se retiraron.
Alejandro R., fue auxiliado por su familia y llevado a un
nosocomio de Ciudad Hidalgo, donde a las 22:00 horas, murió a consecuencia de
traumatismo cerrado en abdomen, lo que le ocasionó estallamiento del bazo.
Tras tener conocimiento de los hechos y al advertirse la
posible intervención de los servidores públicos, el Fiscal General instruyó al
titular de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, atraer la Carpeta de
Investigación.
Una vez que se llevaron a cabo las actuaciones respectivas,
se obtuvieron datos sólidos y contundentes de la posible participación de los
servidores públicos, entre ellos de Juan Manuel “N”, y Marcos “N”, quienes, con
apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), fueron detenidos con base a una orden de aprehensión.
Tras ser presentados ante el Juez de Control, fueron
vinculados a proceso; se les impuso prisión preventiva oficiosa como medida
cautelar y fue establecido un plazo de 4 meses para el cierre de la
investigación complementaria.
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