La asfixia fiscal en España: cuando el Estado vive cada vez más del ciudadano
E. ESGLOTAC
Enero, 2026.- En España se ha instalado desde hace años una sensación cada vez más extendida: una parte importante del fruto del trabajo de los ciudadanos no les pertenece realmente. Entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, el Estado absorbe una proporción creciente de los ingresos de familias y empresas, lo que ha llevado a muchos a hablar abiertamente de una presión fiscal excesiva que limita la libertad económica, debilita a la clase media y frena el desarrollo del país.
El problema no es solo cuánto se paga, sino cómo y quién lo
paga. Aunque el discurso oficial insiste en que el sistema es progresivo y
justo, en la práctica el mayor peso de la recaudación recae sobre trabajadores
asalariados, autónomos y pequeñas empresas, que no tienen mecanismos sofisticados
para reducir su carga tributaria. Cada subida de impuestos, cada nuevo gravamen
“temporal” que acaba volviéndose permanente, termina afectando sobre todo a
quienes sostienen el sistema con su trabajo diario.
Uno de los aspectos más criticados es la pérdida silenciosa
de poder adquisitivo. Incluso cuando los salarios suben, el aumento de la
recaudación por IRPF y cotizaciones, unido al peso del IVA y otros impuestos
indirectos, hace que muchas familias apenas noten la mejora en su bolsillo. En
términos reales, muchos ciudadanos trabajan más para vivir igual o incluso
peor. Esta sensación de estancamiento no es casual: una parte cada vez mayor
del esfuerzo individual se desvía hacia el mantenimiento del aparato estatal.
A esto se suma un fenómeno especialmente irritante: la
complejidad y opacidad del sistema fiscal. El contribuyente medio tiene enormes
dificultades para entender cuánto paga realmente y a dónde va su dinero. La
multiplicación de tasas, recargos, impuestos autonómicos y municipales crea un
entramado que no solo es ineficiente, sino que también genera desconfianza.
Cuando el ciudadano no percibe una relación clara entre lo que aporta y lo que
recibe, el impuesto deja de verse como una contribución necesaria y pasa a
sentirse como una imposición injusta.
La cuestión no es negar la importancia de los servicios
públicos. Nadie discute que la sanidad, la educación o las pensiones necesitan
financiación. El problema surge cuando el tamaño del Estado crece más rápido
que la capacidad de los ciudadanos para sostenerlo. En ese punto, el sistema
deja de servir a la sociedad y empieza a servirse de ella.
Otro elemento clave del descontento es la percepción de
desigualdad ante el fisco. Mientras el trabajador medio ve cómo una parte
sustancial de su salario desaparece antes incluso de llegar a su cuenta
bancaria, persiste la idea —no siempre infundada— de que grandes fortunas y
grandes empresas cuentan con vías legales o semi-legales para reducir
significativamente su factura fiscal. Esto erosiona la confianza en el sistema
y alimenta la sensación de que siempre pagan los mismos.
Las consecuencias de esta presión fiscal elevada no son solo
individuales. A nivel económico, desincentiva el esfuerzo, el ahorro y la
inversión, y castiga especialmente al emprendimiento. A nivel social, genera
frustración, desafección política y una creciente distancia entre el ciudadano
y las instituciones.
En el fondo, el debate no debería centrarse únicamente en si
hay que subir o bajar impuestos, sino en una pregunta más profunda: ¿qué Estado
puede permitirse España y qué Estado están dispuestos a sostener sus
ciudadanos? Sin una revisión seria del gasto público, de su eficiencia y de sus
prioridades, cualquier aumento de la recaudación seguirá siendo percibido —con
razón— como una carga injusta y excesiva.