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 México incrementa su endeudamiento en 2026: señales de alerta para las finanzas públicas

 ANTISTENES


Enero, 2026.- El inicio de 2026 ha venido acompañado de una decisión que marca el rumbo financiero del país: México realizó una colocación de deuda internacional por 9.000 millones de dólares, inaugurando con ello el mercado financiero del año en América Latina. Más allá de su relevancia técnica, esta operación representa un nuevo paso en la profundización del endeudamiento público, en un contexto donde las finanzas nacionales ya enfrentan presiones crecientes.

Esta emisión no es un hecho aislado. En diciembre pasado, el Congreso autorizó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un techo de endeudamiento de hasta 1 billón 780 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026. Esta cifra confirma que el Estado mexicano recurrirá nuevamente al crédito como una de sus principales fuentes de financiamiento, trasladando una parte importante del costo del gasto público a las generaciones futuras.

Aunque la Secretaría de Hacienda ha señalado que la política de deuda para 2026 estará orientada a una supuesta consolidación fiscal, en la práctica los números reflejan una realidad distinta: el país seguirá acumulando obligaciones financieras que deberán ser pagadas con mayores impuestos, recortes de gasto o más deuda en el futuro. Incluso si parte de estos recursos se destinan a refinanciar pasivos existentes, el aumento del endeudamiento total incrementa la carga estructural sobre el presupuesto federal.

Un aspecto particularmente preocupante es el impacto del servicio de la deuda. A medida que el monto total crece, también lo hacen los recursos públicos que deben destinarse al pago de intereses, reduciendo el margen para invertir en salud, educación, infraestructura o desarrollo social. En los hechos, una porción cada vez mayor del presupuesto no se utiliza para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para cumplir compromisos financieros.

Para el cálculo de las necesidades de financiamiento de 2026, el Gobierno Federal ha considerado un tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar y ha excluido la renovación de instrumentos de corto plazo. Sin embargo, esta planeación depende de supuestos que pueden verse alterados por la volatilidad internacional. Cualquier depreciación cambiaria o aumento en las tasas de interés encarecería de forma inmediata el costo real de la deuda, especialmente la contratada en moneda extranjera.

Las consecuencias de este camino son claras: menor soberanía fiscal, mayor rigidez presupuestaria y una dependencia creciente de los mercados financieros internacionales. En lugar de reducir estructuralmente el déficit y el gasto improductivo, el Estado vuelve a optar por el endeudamiento como solución recurrente, posponiendo decisiones difíciles pero necesarias.

En síntesis, el arranque financiero de 2026 no solo inaugura el calendario de emisiones de deuda en la región, sino que también refuerza una tendencia preocupante en México: la normalización del endeudamiento como mecanismo permanente de financiamiento público, con costos económicos y sociales que no se sentirán de inmediato, pero que pesarán cada vez más sobre el futuro del país.