La Cámara de Diputados aprobó por mayoría las modificaciones realizadas por el Senado a la Ley General en materia de Extorsión, una reforma que endurece de manera significativa las penas contra este delito y contempla sanciones de hasta 42 años de prisión para quienes lo cometan en cualquiera de sus modalidades. Tras la votación en el pleno, el dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso indispensable para su entrada en vigor.
Con el fin de acelerar el proceso legislativo, los diputados
acordaron dispensar los trámites ordinarios, lo que permitió que la minuta
fuera discutida sin pasar de nuevo por comisiones. La decisión reflejó el
consenso sobre la urgencia de actualizar el marco jurídico ante la creciente
incidencia de la extorsión en todo el país, delito que afecta a ciudadanos,
comerciantes, transportistas y pequeñas y medianas empresas.
En lo general, la reforma fue aprobada de manera unánime, un
hecho que puso de manifiesto la preocupación transversal por el incremento de
prácticas como el cobro de piso, las amenazas telefónicas o digitales y la
operación de redes criminales que utilizan este mecanismo como fuente
recurrente de financiamiento. Los legisladores coincidieron en la necesidad de
contar con herramientas más robustas para perseguir y sancionar a las
organizaciones dedicadas a este delito, el cual ha provocado desplazamiento de
familias, cierre de negocios y afectaciones económicas que se extienden a
diversos sectores productivos.
PRI vota en contra en lo particular por presuntos riesgos
para la libertad de expresión
Aunque el dictamen obtuvo apoyo unánime en lo general, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtió en el único grupo
parlamentario que votó en contra durante la discusión en lo particular. La
bancada priista expresó su preocupación por la fracción quinta del artículo 17
de la ley reformada, al considerar que su redacción podría prestarse a
interpretaciones que permitieran criminalizar actividades periodísticas o
afectar de manera directa a los medios de comunicación.
De acuerdo con los legisladores del PRI, la disposición
controvertida podría abrir la puerta a sancionar a periodistas o comunicadores
bajo el argumento de que sus publicaciones inciten, faciliten o formen parte de
una conducta extorsiva, incluso cuando su labor sea estrictamente informativa.
La bancada sostuvo que la ley debe distinguir con absoluta claridad entre
actividades delictivas y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, especialmente
en un país donde el periodismo enfrenta riesgos continuos.
Por este motivo, los priistas presentaron una reserva para
eliminar la fracción cuestionada, con el objetivo de evitar interpretaciones
que pudieran derivar en censura o limitar el trabajo de los medios. Sin
embargo, la reserva fue rechazada por la mayoría parlamentaria, que consideró
que el texto no tiene tal alcance y que los mecanismos existentes en el sistema
jurídico ofrecen suficientes garantías para evitar abusos.
A pesar de la objeción del PRI, la reforma avanzó íntegra y
quedó lista para ser promulgada. Una vez publicada, México contará con uno de
los marcos legales más estrictos en materia de extorsión, en medio de una
creciente demanda social por reforzar las respuestas institucionales ante este
delito.