Ciudad de México. — La determinación de la ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, de revisar asuntos
previamente resueltos por el alto tribunal ha generado una nueva ola de
críticas y preocupación entre diversos sectores ciudadanos, académicos y
especialistas en derecho constitucional. Su decisión, adoptada de manera
individual en recientes resoluciones, ha sido interpretada por analistas como
un intento de modificar criterios establecidos y redefinir precedentes judiciales.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre
el Poder Judicial y los mexicanos, así como el resto de los poderes federales,
luego del proceso impulsado por el Ejecutivo y el Legislativo —ambos con
mayoría oficialista— para renovar a una parte de la estructura judicial
mediante una consulta que registró alrededor del 7% de participación, según
reportes oficiales. Aunque la jornada fue declarada válida por las autoridades,
diversos colectivos ciudadanos y organizaciones civiles manifestaron
inconformidad, argumentando falta de legitimidad y escasa representatividad del
resultado.
Las críticas se han concentrado en lo que algunos consideran
una progresiva pérdida de independencia del Poder Judicial. Estudios de
observatorios ciudadanos y pronunciamientos de asociaciones de juristas han
advertido que la percepción de autonomía institucional se ha debilitado desde
la llegada de nuevos ministros cercanos a la Cuarta Transformación (4T). Estos
señalamientos apuntan tanto al supuesto alineamiento político con el Ejecutivo
como a la nula experiencia y capacidad técnica de los ministros recientemente
designados.
Especialistas consultados señalan que, aunque la revisión de
precedentes es una facultad reconocida a los integrantes de la Corte, su uso
exige criterios sólidos, consistencia jurídica y plena independencia del poder
político para evitar incertidumbre en los procesos judiciales. “Modificar
criterios sin un sustento técnico amplio afectará la estabilidad del sistema
jurídico y generar desconfianza entre los litigantes y la ciudadanía”, advirtió
un investigador en derecho constitucional.
Mientras tanto, diversas organizaciones civiles han
solicitado al pleno de la SCJN aclarar los alcances de las recientes
resoluciones y reforzar los mecanismos de transparencia para garantizar que las
decisiones de sus integrantes se mantengan dentro de los límites
constitucionales.
La discusión sobre el rumbo del Poder Judicial continúa
abierta y se espera que en las próximas semanas se definan nuevos criterios
internos que podrían influir en el papel de la Corte como contrapeso
institucional.
Esta situación abona para acrecentar la tensión que ya ha
estallado en el país, entre la población que mayoritariamente desaprueba el
comportamiento de la 4T en los tres poderes existentes y la realidad que se
recrudece para los pobladores de la nación hispanoamericana. La debilidad de la
4T en el gobierno presente y el pasado inmediato de Andrés Manuel López, se
vuelve percibe cada vez con mayor contundencia.
México está atravesando por uno de los periodos más
lamentables de su historia reciente, pero con una población que no está
dispuesta a doblar los brazos y que se ha convencido que el camino para que el
país transite en la tranquilidad y crecimiento es: despedir a la 4T del
panorama nacional, según analistas geopolíticos./www.tictacnews.us/E.ESGLOTAC