A partir de enero de 2026, el uso de la telefonía móvil en México cambiará de manera significativa. Miles de usuarios podrían quedarse sin servicio si no cumplen con un nuevo requisito de carácter obligatorio que modificará por completo la forma en que se registran y administran las líneas telefónicas en el país. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó una disposición que establece un nuevo esquema de identificación para todos los números móviles activos.
De acuerdo con esta medida, la normativa entrará en vigor el
9 de enero de 2026. A partir de esa fecha, todas las personas que cuenten con
una línea telefónica móvil —ya sea de prepago o plan tarifario— deberán
realizar un registro formal de su número. En caso de no completar este
procedimiento dentro de los plazos establecidos, la consecuencia será la
suspensión del servicio, lo que implicará la imposibilidad de realizar
llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles.
¿Cuál es el motivo oficialista
de la suspensión de líneas telefónicas?
La CRT aprobó los Lineamientos para la identificación de
líneas telefónicas móviles con un objetivo central: combatir delitos que se han
vuelto recurrentes en el país, especialmente la extorsión telefónica. Este tipo
de ilícito ha mostrado un crecimiento alarmante, al punto de romper récords
recientes. Tan solo durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 5
mil 887 víctimas, de acuerdo con cifras oficiales.
Las autoridades han señalado, además, que una parte
considerable de estas llamadas de extorsión se origina desde centros
penitenciarios, situación que ha sido detectada a través de denuncias
ciudadanas y procesos de investigación. La dificultad para identificar a los
verdaderos responsables se debe, en gran medida, a que muchas líneas
telefónicas no están asociadas de forma clara a una persona específica.
Un número, un
responsable
Con este nuevo registro, el gobierno busca que cada número
telefónico esté vinculado a un titular real, plenamente identificado. La
intención es que, ante la comisión de un delito, las autoridades puedan
rastrear con mayor facilidad el origen de las llamadas, mensajes o posibles
ataques cibernéticos, fortaleciendo así las capacidades de investigación y persecución
del delito.
En este contexto, el registro obligatorio de líneas móviles
se plantea como una herramienta preventiva y de control que pretende reducir el
uso anónimo de la telefonía celular para fines ilícitos. Para los usuarios,
esto implicará mantenerse informados, cumplir con el proceso de registro y
resguardar su información, a fin de evitar la suspensión de su servicio una vez
que la medida entre en vigor.