Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- Con reforma a la
Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental, el Pleno del Poder
Legislativo determinó que el Estado, en coordinación con la Secretaría del
Medio Ambiente, los municipios y las instancias competentes, podrá promover
acciones de conservación, restauración y educación ambiental sobre los
ecosistemas hídricos, considerando su importancia ambiental, social, cultural y
económica.
Lo anterior, luego de aprobar la adición del artículo 104
Bis de la citada ley con la finalidad de atender no sólo un problema ambiental,
sino también garantizar la protección de un patrimonio natural y cultural que
constituye la base del desarrollo sostenible de Michoacán y de las futuras
generaciones.
Conforme al Dictamen puesto a consideración de las y los
legisladores por parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio
Ambiente sobre la propuesta de Juan Carlos Barragán Vélez, con la reforma
jurídica, se refuerza la conciencia colectiva sobre el valor estratégico del
agua y se ofrece un marco jurídico que respalde esfuerzos comunitarios y
gubernamentales sin imponer cargas financieras adicionales.
En las Consideraciones del mismo quedó establecido que en
las últimas décadas se ha dado una degradación alarmante de los ecosistemas
como resultado de prácticas insostenibles y del impacto creciente del cambio
climático, lo que ha derivado en una crisis ambiental que amenaza la seguridad
hídrica, alimentaria y climática en México.
“Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta problemática
es el Lago de Pátzcuaro, un cuerpo de agua con un valor histórico, cultural y
ecológico incalculable, durante siglos ha sido un pilar para las comunidades
purépechas, pero hoy enfrenta un deterioro progresivo causado por la deforestación,
la contaminación, la sedimentación y las variaciones en el clima”, explicó el
legislador.
También estableció que a nivel nacional, se estima que el
70% de los ríos y lagos presenta algún grado de contaminación y que más del 40%
de los humedales se ha perdido en las últimas cinco décadas.
“Esta realidad agrava la competencia por el agua, disminuye
la resiliencia de las comunidades frente a sequías e inundaciones y pone en
riesgo la salud pública, la economía y la estabilidad social, especialmente en
las regiones más vulnerables” sustentó.
Agregó que frente a ello, la conservación y restauración de
los ecosistemas hídricos debe asumirse como una tarea prioritaria, mediante
políticas integrales que incluyan reforestación, saneamiento, educación
ambiental y participación ciudadana.
“La participación de la sociedad civil y las comunidades
locales resulta decisiva. Ellas son las principales beneficiarias de los
servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, actores estratégicos para su
conservación. Promover una cultura ambiental sólida, campañas de
sensibilización y programas de participación comunitaria constituye la vía más
efectiva para garantizar la sostenibilidad de las acciones”, explicó.