E. VALENCIA
Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2026. — Con la finalidad
de proteger el patrimonio de las familias y cerrar espacios a la impunidad en
casos de apropiación ilegal de viviendas y terrenos, el diputado local David
Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una
iniciativa para modificar el Código Penal del estado en materia de despojo
agravado.
La propuesta contempla reformar los artículos 226 y 227, así
como adicionar el 227 Bis, con el objetivo de fortalecer el marco legal y
aumentar las sanciones contra quienes incurran en este delito.
Entre los cambios planteados destaca el incremento de las
penas actuales —que van de 1 a 5 años de prisión— para establecer un rango de 3
a 10 años. Asimismo, se prevén agravantes más estrictas cuando las víctimas
sean menores de edad, personas con discapacidad, integrantes de pueblos
indígenas o adultos mayores que vivan solos.
La iniciativa también considera sancionar la actuación
dolosa o negligente de fedatarios públicos que participen en la falsificación o
validación indebida de documentos relacionados con estos actos ilícitos. En
casos donde el despojo sea reiterado o ejecutado por grupos organizados, las
penas podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión.
Durante su intervención, el legislador subrayó que no se
puede permitir que el patrimonio construido a lo largo de toda una vida se pierda
debido a vacíos legales o prácticas corruptas. Enfatizó que la reforma busca
fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a la justicia social en la
entidad.
Finalmente, señaló que el despojo impacta no solo en la
economía familiar, sino también en la estabilidad y la convivencia social, por
lo que consideró indispensable dotar al sistema de justicia de herramientas
efectivas para sancionar y prevenir este delito, cuya incidencia ha aumentado
en distintas regiones del estado.