El Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su postura
respecto a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo
Appel, y solicitó que las autoridades federales conduzcan el proceso judicial
con estricto apego a la legalidad, garantizando en todo momento el respeto al
debido proceso y al principio de presunción de inocencia. La posición del
partido fue dada a conocer mediante un comunicado oficial difundido el 16 de
julio, pocas horas después de que se confirmara la captura del exmandatario.
En el documento, la dirigencia nacional del PAN expresó su
confianza en que Ruffo Appel tendrá la oportunidad de responder a las
acusaciones formuladas en su contra y de esclarecer los hechos conforme avancen
las investigaciones ministeriales y el procedimiento judicial. El instituto
político sostuvo que corresponde a las autoridades competentes determinar
responsabilidades con base en pruebas y resoluciones judiciales, evitando
emitir juicios anticipados que vulneren los derechos fundamentales de cualquier
persona.
Asimismo, Acción Nacional reiteró que nadie debe encontrarse
por encima de la ley y que toda persona señalada por la probable comisión de un
delito debe responder ante las instituciones de justicia. Sin embargo, enfatizó
que el ejercicio de la acción penal debe realizarse respetando plenamente las
garantías constitucionales, entre ellas el derecho a una defensa adecuada, la
imparcialidad de las autoridades y la presunción de inocencia, principios que
protegen a todos los ciudadanos sin distinción.
En su posicionamiento, el PAN también hizo un llamado para
que la procuración de justicia se aplique con imparcialidad y bajo los mismos
criterios en todos los casos, sin diferencias motivadas por intereses políticos
o partidistas. El partido consideró que las instituciones encargadas de
investigar y sancionar posibles delitos deben actuar con objetividad,
transparencia y apego al Estado de derecho, independientemente de la filiación
política de las personas involucradas.
Finalmente, Acción Nacional contrastó la rapidez con la que,
a su juicio, se actuó en el caso de Ernesto Ruffo Appel con otros expedientes
relacionados con servidores públicos que han sido objeto de señalamientos
públicos. En particular, mencionó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y
a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmando
que, pese a las acusaciones formuladas en distintos espacios públicos, las
autoridades no han procedido con la misma celeridad. Con ello, el PAN insistió
en que la aplicación de la justicia debe ser uniforme, imparcial y sustentada
exclusivamente en las pruebas que integren cada investigación.