LXXVI Legislatura informa:
Morelia, Michoacán.- En un paso firme para frenar los abusos
históricos en el arrastre y depósito de vehículos en Michoacán, el Congreso del
Estado aprobó por unanimidad reformas de fondo a la Ley de Movilidad y
Seguridad Vial, impulsadas por el diputado Hugo Rangel Vargas.
Como presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones,
Rangel encabezó los trabajos del dictamen, con el propósito de” erradicar la
discrecionalidad, la corrupción y la falta de transparencia que han
caracterizado a este servicio por décadas”.
“La ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin
saber por qué, sin reglas claras, y sin ninguna garantía sobre el cuidado de
sus vehículos. Estas reformas colocan por fin el interés público por encima del
negocio privado”, señaló el legislador.
Las reformas aprobadas precisan las causales por las que un
vehículo puede ser remitido al depósito, limitando el margen de interpretación
de las autoridades y armonizando los reglamentos municipales con la legislación
estatal. Además, se obliga a que todas las tarifas por concepto de arrastre,
salvamento y guarda de vehículos sean públicas, estén autorizadas por el
Congreso del Estado y sean fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y
Administración, de conformidad con la Ley de Gobierno Digital.
“Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el
servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es
transparencia, eso es justicia”, enfatizó Rangel Vargas.
La iniciativa también retoma buenas prácticas del reglamento
federal de servicios auxiliares de autotransporte, como la obligación de
registrar en un sistema informático los movimientos de ingreso y salida de
vehículos del corralón, y de garantizar la conservación y el resguardo de cada
unidad.
A través de la adición de nuevas fracciones al artículo 42,
se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el
cumplimiento de las tarifas autorizadas, emitir reglas claras sobre la
operación de los depósitos, y asegurar que las personas usuarias tengan acceso
inmediato a toda la información sobre los costos y procedimientos del servicio.
El diputado petista, subrayó que estas reformas no solo
corrigen vacíos legales, sino que son un acto de justicia para miles de
michoacanas y michoacanos que han sido víctimas del abuso.
“Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie. Vamos a seguir empujando desde el Legislativo para que las autoridades cumplan, para que los reglamentos se actualicen, y para que los derechos de la ciudadanía estén por encima de los privilegios de unos cuantos”, concluyó Hugo Rangel. /REDACCION