ELIZABETH VALENCIA
Cuando un gobierno decide endeudarse, la lógica económica
indica que esos recursos extraordinarios deberían traducirse en obras de
infraestructura, proyectos productivos o inversiones capaces de impulsar el
crecimiento y generar riqueza en el futuro. Sin embargo, la realidad que
enfrenta México en 2026 parece avanzar en sentido contrario.
Paradójicamente, el país registra uno de los niveles de
endeudamiento público más altos de las últimas décadas, mientras el presupuesto
destinado a inversión física muestra una reducción que preocupa a
especialistas, organismos financieros y al propio sector empresarial. Es decir,
el gobierno dispone de mayores recursos provenientes del financiamiento, pero
destina menos dinero a construir carreteras, hospitales, sistemas hidráulicos,
infraestructura energética y proyectos que tradicionalmente fortalecen la
productividad nacional.
Este escenario fue señalado por el dirigente estatal del
Partido Acción Nacional en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, quien criticó
que el gobierno de la Cuarta Transformación ha relegado el crecimiento
económico como una prioridad nacional.
Para el líder panista, la administración federal ha
privilegiado un modelo de gasto orientado al consumo y a los programas
sociales, mientras ha dejado de impulsar políticas públicas que incentiven la
inversión privada, la generación de empleos y el fortalecimiento de la
competitividad del país.
Más allá de la confrontación política, los números alimentan
un debate que cada vez ocupa más espacio entre economistas. El costo financiero
de la deuda pública continúa creciendo y una parte importante del presupuesto
federal deberá destinarse al pago de intereses, reduciendo el margen de
maniobra para financiar proyectos de desarrollo.
En economía existe una diferencia fundamental entre gastar e
invertir. El gasto permite atender necesidades inmediatas; la inversión crea
condiciones para que la economía produzca más en el futuro. Una carretera
conecta regiones productivas; un puerto incrementa las exportaciones; una red
eléctrica moderna atrae nuevas industrias; una presa garantiza agua para la
agricultura y la industria. Son activos que permanecen durante décadas y
generan beneficios continuos.
Por ello, diversos analistas consideran preocupante que
precisamente en un momento en que México podría aprovechar la relocalización de
empresas derivada del fenómeno del nearshoring, el presupuesto para
infraestructura experimente una contracción. Mientras otros países fortalecen
su capacidad logística para atraer inversiones, México enfrenta el reto de
mantener su competitividad con menores recursos destinados a obra pública.
Carlos Quintana sostiene que esta situación refleja una
ausencia de estrategia para detonar el crecimiento económico. A su juicio, el
país requiere generar condiciones que den certeza a la inversión, impulsen el
desarrollo regional y permitan crear empleos formales mejor remunerados, en
lugar de depender exclusivamente del gasto corriente como motor de la economía.
El verdadero desafío, sin embargo, trasciende los partidos
políticos. La pregunta de fondo es si México podrá sostener un ritmo de
crecimiento suficiente cuando el endeudamiento aumenta y la inversión pública
disminuye al mismo tiempo.
La historia económica demuestra que ninguna nación alcanza
un desarrollo sostenido únicamente mediante el consumo o el gasto
gubernamental. Las economías que logran crecer durante décadas son aquellas que
invierten de manera constante en infraestructura, innovación, educación y
productividad.
En ese contexto, las declaraciones del dirigente panista
reabren una discusión que difícilmente puede ignorarse: ¿está México utilizando
la deuda para construir el futuro o simplemente para financiar el presente? La
respuesta no solo definirá las finanzas públicas de los próximos años, sino
también la capacidad del país para generar oportunidades, atraer inversión y
ofrecer mejores condiciones de vida a las siguientes generaciones.