La aprobación de la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, que permite a los conductores portar licencias de conducir y tarjetas de circulación en formato digital, ha sido presentada por el Congreso del Estado como un avance hacia la modernización de los servicios públicos. En teoría, la digitalización facilita el acceso a documentos oficiales, reduce el uso de papel y se alinea con las tendencias tecnológicas adoptadas en otras entidades del país.
Sin embargo, la recepción de esta reforma entre diversos
sectores de la ciudadanía ha estado marcada por el escepticismo y la
inconformidad. Para muchos michoacanos, la medida representa un cambio
administrativo que poco o nada incide en los problemas reales que enfrentan
diariamente en materia de movilidad, seguridad vial e infraestructura
carretera.
Mientras el Congreso dedica tiempo y recursos para aprobar
la digitalización de documentos, miles de ciudadanos continúan transitando por
carreteras y vialidades deterioradas, con baches, señalización deficiente y
escasa inversión en mantenimiento, recordando que el Gobierno Federal les quita
paulatinamente los recursos que por ley les corresponden a los ayuntamiento,
que se manifiesta en la imposibilidad de atender lo relativo a bacheo. A ello
se suma la insuficiencia del transporte público, la falta de educación vial y
el incremento de accidentes de tránsito, problemas que, desde la perspectiva de
numerosos ciudadanos, deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda
legislativa.
Otro aspecto que ha generado cuestionamientos es la brecha
digital que aún persiste en Michoacán. Aunque el uso de teléfonos inteligentes
ha aumentado considerablemente, no todos los habitantes cuentan con acceso
permanente a internet, dispositivos móviles compatibles o habilidades
tecnológicas suficientes para utilizar documentos digitales. En comunidades
rurales y zonas con limitada conectividad, el beneficio práctico de esta reforma
podría ser reducido, por no decir nulo.
Asimismo, diversos ciudadanos consideran que la medida no
representa un ahorro económico significativo ni una simplificación sustancial
de los trámites administrativos. La expedición de licencias y tarjetas de
circulación continúa implicando los mismos costos y procedimientos; únicamente
cambia el formato en que podrán exhibirse los documentos durante una revisión
de tránsito.
Desde una perspectiva de política pública, la digitalización
constituye un instrumento y no un fin en sí mismo. La incorporación de
tecnologías digitales puede mejorar la eficiencia gubernamental cuando forma
parte de una estrategia integral de modernización institucional. Sin embargo,
cuando dichas reformas no van acompañadas de soluciones a problemas
estructurales, existe el riesgo de que sean percibidas como acciones de bajo
impacto social.
También surge la interrogante sobre la preparación
tecnológica de las autoridades encargadas de aplicar la norma. La
implementación efectiva dependerá de que todos los cuerpos de tránsito cuenten
con equipos adecuados, sistemas de verificación funcionales, protocolos claros
y capacitación suficiente para evitar errores, abusos o discrecionalidad
durante las inspecciones vehiculares.
Más allá de la utilidad que pueda representar para algunos
conductores acostumbrados al uso de aplicaciones móviles, la discusión de fondo
permanece vigente: ¿responde esta reforma a las principales demandas de la
población michoacana? Para una parte importante de la ciudadanía, las
prioridades continúan siendo el mejoramiento de la infraestructura vial, la
reducción de accidentes, el combate a la corrupción en los trámites vehiculares
y una mayor seguridad en las carreteras del estado.
La modernización tecnológica resulta positiva cuando
facilita la vida de las personas y fortalece las instituciones públicas. No
obstante, también es necesario que las reformas legislativas atiendan las necesidades
más urgentes de la sociedad. En un estado donde persisten importantes rezagos
en movilidad, infraestructura y seguridad, la digitalización de licencias y
tarjetas de circulación difícilmente será percibida como una solución de fondo
si no forma parte de una política pública mucho más amplia y orientada a
resolver los problemas que afectan cotidianamente a la población./ELIZABETH VALENCIA