La Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la nueva Ley General de Aguas con 324 votos a favor, 118 en contra y una abstención, gracias al respaldo de las bancadas de Morena, PT y Partido Verde. Tras su aval legislativo, el dictamen fue turnado al Senado, donde continuará su trámite parlamentario.
La aprobación se dio en un ambiente de tensión política y
social. Desde el Senado, la legisladora priista Carolina Viggiano condenó lo
que calificó como una imposición por parte del grupo parlamentario de Morena.
Según sostuvo, el oficialismo impulsó la votación sin abrir un proceso de
diálogo real con los sectores que —afirma— serán directamente afectados por la
reforma, especialmente productores agrícolas del norte del país, quienes en los
últimos días han realizado bloqueos carreteros y manifestaciones en rechazo a
la modificación del marco legal.
La normativa aprobada plantea una reconfiguración del
sistema de concesiones, así como un fortalecimiento de la rectoría del Estado
sobre la gestión y el uso del agua. Estos cambios han generado inquietud y
rechazo entre organizaciones de agricultores, cámaras de productores y
legisladores de oposición, quienes advierten riesgos para la certidumbre
jurídica y la actividad rural.
Viggiano señaló que el nuevo marco legal se construye “en
perjuicio de miles de campesinos” y acusó al bloque mayoritario de actuar con
“soberbia” al desestimar las observaciones y preocupaciones expresadas por
representantes del sector hídrico y agropecuario. La senadora también advirtió
que la falta de consensos podría traducirse en mayores conflictos sociales en
las regiones donde el agua es un recurso escaso y estratégico.